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Control de la información

En Jujuy se detectaron 100 presuntos casos de fraude en pensiones

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Pensiones – Desde la Agencia Nacional de Discapacidad impulsarán un plan para depurar el padrón de beneficiarios y detectar casos irregulares. Actualmente en Jujuy hay cerca de 21.300 personas que perciben pensiones por invalidez; los notificados deberán acreditar que cumplen con los requisitos para seguir cobrando.

La Agencia Nacional de Discapacidad, organismo creado para la regulación de pensiones por invalidez, impulsa un plan de depuración del padrón de beneficiarios en todo el país con el objetivo de detectar casos irregulares.
Hasta el momento se detectaron 10.000 casos de posible fraude, es decir de personas que cobran sin contar con los requisitos establecidos. En febrero los pensionados cobraron $6.516,37 y desde marzo cobrarán $7.287,25.
Actualmente hay 1.044.000 beneficiarios que deben cumplir con los requisitos que establece el decreto 432/97 que complementó la Ley 13.478. Esto es: poseer una incapacidad laboral total y permanente del 76%, no estar amparado por un régimen previsional u otra prestación no contributiva; o no contar -el beneficiario o su grupo familiar- con ingresos o recursos.
En nuestra provincia se conoció que tras la emisión de la resolución 268/2018 que estableció un nuevo circuito de control de la información, ya se notificaron a no más de 100 beneficiarios por presunta incompatibilidad en los datos. Según información aportada por La Nación, en Jujuy las pensiones por invalidez alcanzan al 2,89 % de la población, lo que se traduce 21.300 beneficiarios aproximadamente.
El titular de la UDAI Jujuy, Carlos Carrillo, indicó que lo que se busca es “que cobre quien realmente tenga que cobrar y no que estén cobrando muertos o personas que no tengan ningún tipo de discapacidad”.
“El beneficiario es notificado por carta documento. En Jujuy no fueron más de 100 personas, toda esa información se eleva a nivel nacional y se espera recibir notificación”.
En ese sentido Carrillo aclaró que el organismo que analizará la documentación será la Agencia de Discapacidad y no Anses, que sólo operará como intermediario facilitando la presentación de datos.
Cabe mencionar que el plan de control de la información fue impulsado tras la sospecha en torno al súbito crecimiento de la cantidad de pensiones otorgadas durante la década kirchnerista, al observar que en los últimos nueve años de la gestión pasó de unos 150.000 beneficiarios en 2006, a unos 1.050.000 en 2015.

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