Corrupción
Ley de Fueros no se aplica en el Senado a los ex presidentes
El Senado de la Nación, tras el escándalo de coimas del año 2000 (conocido como Banelco) y la posterior sanción de la Ley 25.320, Ley de Fueros, acaecida en su consecuencia, no ha aceptado -ni producido- el desafuero de ningún senador hasta el presente.
La posición mayoritaria del bloque del Partido Justicialista, ligado en la actualidad al senador Miguel Ángel Pichetto, ha sido la de considerar procedente el pedido judicial de desafuero sólo para el caso de que exista una sentencia condenatoria firme, descartando cualquier petición que se funde en el mero procesamiento o en una condena de primera instancia. Dicha postura es la que ha evitado el desafuero del ex Presidente -y actual senador- Carlos Menem, condenado en doble instancia y a la espera del tratamiento de un recurso extraordinario en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Similar actitud podría adoptar para el requerimiento de desafuero realizado por el juez Bonadio respecto a la ex Presidenta -y actual senadora- Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, vale recordar que en 1996 (antes de la mencionada ley) el Senado desaforó a Eduardo Angeloz por pedido de un juez y sin que existiera sentencia condenatoria.
La solicitud de desafuero, una vez ingresada, debe ser girada de manera inmediata a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara correspondiente, que tiene que emitir dictamen en un plazo no mayor a 60 días. La Cámara en pleno deberá tratar la causa dentro de los 180 días de ingresada, aun cuando no existiera dictamen de comisión. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner se interpretó que el plazo de 180 días establecido por la ley lo es en “días hábiles”. Para proceder al desafuero, se requiere contar con una mayoría especial de 2/3 del cuerpo.
La llamada «doctrina Pichetto» imperante al momento en el Senado establece que las resoluciones de prisión preventiva no tienen un contenido integral de sentencia condenatoria. Son resoluciones de la etapa de instrucción, que el juez toma considerando que hay elementos o sospechas fundadas que pueden involucrar a un senador, pero previas a la realización de un juicio, en el que se dicta una «sentencia de condena o absolución» y que en caso de sentencia de juicio condenatoria debe agotar la doble instancia.
El caso de Menem pone a prueba esos argumentos, toda vez que en octubre pasado la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó la condena del ex mandatario a cuatro años y medio de prisión por el pago de sobresueldos con fondos de la ex SIDE en su gestión, produciendo el “doble conforme” que pretende Pichetto, sin que hasta ahora se haya tratado la situación en el Senado ni se haya producido un pedido expreso de la justicia para su detención.y cumplimiento de la condena.
Por otro lado, en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados,
también se viene postergando el tratamiento del pedido de desafuero de la diputada oficialista Aída Ayala procesada por asociación ilícita por hechos ocurridos durante su gestión como intendenta de Resistencia (2003-2015), lo que fuera confirmado por la Cámara Federal de esa ciudad. El argumento es que se encuentra pendiente la concesión, por parte de ese mismo tribunal, de un recurso de casación (para ser revisado su procesamiento en tercera instancia).
En la Argentina, los pedidos de desafuero han provocado más una reacción corporativa de protección por parte de diputados y senadores, que una búsqueda real de autodepuración y del ejercicio del precepto constitucional de igualdad ante la ley.
En general, se utilizan más para provocar escaramuzas de poder y desprestigio. Ello si consideramos los resultados efectivos de las peticiones, las interpretaciones realizadas sobre los fueros legislativos, y la ausencia de un protocolo de actuación idéntico para cualquier caso (con independencia de las pertenencias partidarias).
Si se pretenden Los fueros garantizan que legisladores, funcionarios y jueces puedan desarrollar sus tareas sin impedimentos. Sin ellos, el titular del Ejecutivo podría perseguir legisladores díscolos u opositores, o una Corte Suprema podría ordenar la detención de un Presidente por razones ideológicas o de enfrentamiento, circunstancias estas más cercanas a conflictos de poderes con impacto institucional que las disposiciones constitucionales pretenden evitar. Los fueros parlamentarios -y el privilegio del juicio político para algunos funcionarios- no impiden la prosecución de las causas judiciales.