Jujuy: fallo de la Corte Suprema sobre información pública abrió polémica en la Legislatura

Diputado Carlos Oehler.

Diputados del Frente para la Victoria y del Radicalismo se enfrentaron ayer en un agrio debate en torno a la transparencia de las gestiones de gobierno al traerse al recinto la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso del legislador radical Carlos Oehler, quien había solicitado información amparándose en la Ley 4444 de Acceso a la Información Pública y le fue negada en forma discrecional por un funcionario. El legislador fue a la justicia provincial donde le rechazaron el planteo argumentando que no estaba legitimado y apeló al máximo tribunal que le dio la razón y ordenó a los jueces jujeños revisar el fallo y ajustarlo a las disposiciones de la Ley 4444. El presidente del bloque justicialista, Javier Hinojo denostó los pedidos de informes por “políticos” y sostuvo que de tener que responder los requerimientos de información pública de los ciudadanos, las reparticiones “colapsarían”. El radical Alberto Bernis, denunció que el costo de cada kilómetro de la multitrocha a Yala es de cinco millones de pesos, el más caro de la historia.

El acceso a la información pública, mala palabra en todas las reparticiones provinciales y municipales de la Provincia, estuvo ayer en el centro del debate de la sesión ordinaria de la Legislatura. Todo empezó cuando el diputado Carlos Oehler habló del fallo de la Suprema Corte del 21 de octubre pasado que “viene a poner límites a la irrespetuosidad de muchos funcionarios que desde hace mucho tiempo no permiten acceder a la información de la gestión en la Provincia”. El legislador añadió que la sentencia “pone en su lugar la seguridad jurídica que nunca se debió haber perdido ya que tenemos una ley sancionada por esta Legislatura que habilita el mecanismo directo para que cualquier ciudadano pueda acceder a la información pública”. Destacó además que la resolución del máximo tribunal sostiene que en el caso media una cuestión federal ya que al negársele el derecho a acceder a información pública se estaba violando no solo la Ley 4444 sino preceptos de la Constitución nacional y del Pacto de San José de Costa Rica.

No sin ironía, Oehler “agradeció” a su par Jorge Noceti, el funcionario que entonces secretario de Turismo le había negado la información que dio lugar a la reclamación judicial: “le agradezco porque me dio la posibilidad de iniciar una causa que ha culminado con este fallo de referencia que será de aplicación para toda la Argentina”, subrayó. Recordó luego que el caso se originó al solicitar al entonces secretario Noceti que le informara si se habían conformado dos organismos previstos en la Ley de Turismo, pero el funcionario nunca le respondió. Ante la denegatoria, el reclamo de Oehler se planteó ante el Tribunal Contencioso Administrativo que le dio la razón al secretario argumentando que el diputado carecía de legitimación activa y vía apelación, el caso llegó al Superior Tribunal de Jujuy, que ratificó la sentencia de primera instancia. La demanda recaló luego en la Suprema Corte, que puso fin a la controversia con una sentencia que advierte que no es necesario estar legitimado para pedir información pública y ordenó a los magistrados de Jujuy realizar un nuevo fallo respetando la Ley 4444 y la normativa constitucional al respecto.

El diputado radical destacó asimismo que la sentencia del máximo tribunal reconoce el acceso a la información pública como un derecho humano fundamental, interpretando que es un derecho para todas las personas, es decir con una legitimidad activa amplia. “Les está diciendo a los funcionarios y magistrados que se tiene que acabar esta argumentación absurda de negar el acceso a la información en base a justificaciones que nada tienen que ver con el respeto al derecho a acceder a la información que tienen los ciudadanos”, dijo el legislador. También sostuvo que esperaba que a partir de esta sentencia “se termine con esta permanente negación del acceso a la información” y que los magistrados “dejen de hacerse los distraídos”, resaltando que la transparencia en la gestión de gobierno es un requisito para devolver la credibilidad a la ciudadanía.

Finalmente aclaró que el oficialismo no deja otro camino que el reclamo judicial al negarse a tratar los pedidos de informes que realizan los diputados y reveló que durante este año se presentaron 72 pedidos de informes, de los cuales 52 fueron presentados por el Radicalismo y ninguno se aprobó.

Diputado Jorge Noceti.

Noceti se defendió asegurando que el pedido de información de Oehler “no reunía los requisitos de la ley” y dijo que por eso lo pasó a la Fiscalía de Estado, la que dictaminó que no era procedente. “Si a alguien hay que agradecer el minuto de fama del diputado Oehler no es a mí; en ese momento la petición no invocaba la ley y tampoco era un pedido de informe aprobado por la Cámara; no cumplía con el procedimiento de pagar la tasa”, se escudó el exsecretario de Turismo.

Para Noceti, el fallo de la Corte Suprema “dijo que priorizaba el derecho a la información sobre la formalidad del cumplimiento de la ley” y que el máximo tribunal “no tiene por qué conocer la reglamentación de la ley respecto de los requisitos para el acceso a la información”. Sin embargo, “entiendo que es un fallo que debe ser cumplido y será cumplido en lo sucesivo como los anteriores”, aseguró. En ese orden concluyó que “si una presentación que no cumplía los requisitos de la Ley 4444 debe ser cumplida por los funcionarios, con mayor razón las presentaciones que sí cumplen con los requisitos de la ley deben tener respuesta” y devolviendo ironía, sugirió que se acerque la sentencia de la Corte Suprema al intendente capitalino Raúl Jorge “para que conteste los 15 pedidos de informe que se le hacen con el fundamento de la Ley 4444”.

“El decreto reglamentario no puede ser más restrictivo que la ley”, refutó Oehler para anticipar que está trabajando en la elaboración de un recurso de inconstitucionalidad del decreto reglamentario de la Ley 4444.

El radical aseguró también que el intendente Jorge contestó los 7 pedidos de información que le presentaron invocando la Ley 4444, lo que fue desmentido por el presidente del bloque justicialista Javier Hinojo, quien dijo que el jefe comunal no le contestó todos los pedidos que él le había hecho y le respondió dos “que me dieron risa”. “El 90 por ciento de los pedidos de informes son cuestiones políticas”, definió luego el legislador oficialista, quien otra vez reclamó un “debate serio”.

Hinojo cambió el eje de la discusión para abogar por la reforma del Reglamento Interno de la Legislatura a fin de recortar las atribuciones de los presidentes de las comisiones. En clara alusión a Oehler, quien es presidente de la Comisión de Turismo y como tal pidió el informe que terminó en la controversia con la justicia, Hinojo se quejó por la falta de respeto a la mayoría dentro de las comisiones presididas por la oposición. Tras destacar que la Legislatura es un órgano colegiado, consideró que se lesiona la proporcionalidad de la representación legislativa dentro de las comisiones cuando el presidente toma decisiones “sin respetar los números”.

“Respeto los pedidos de informe que tienen un fin político pero todos sabemos que no tienen la necesidad de tener la información; tengamos el debate político, no nos agarremos de un mero fallo sin ningún sentido”, afirmó el jefe del bloque justicialista, quien –empero- dijo respetar la sentencia del máximo tribunal.

El justicialista Luis de la Zerda, en tanto, rechazó los cuestionamientos de la oposición a la falta de transparencia del Gobierno y resaltó que el voto de la mayoría de los jujeños avala las posturas de los funcionarios y de los legisladores del bloque justicialista.

Los radicales Jorge Rizzotti y Pablo Baca salieron al cruce de Hinojo. Rizzotti afirmó que existe la “actitud clara” del bloque justicialista de no aprobar los pedidos de informes y remarcó que la información pública toda, “provincial y municipal, debe fluir”. Baca, por su parte, señaló que la regla básica en materia de acceso a información pública es que la autoridad no puede exigir a quien la pide los motivos del requerimiento ya que ello implicaría una restricción si el funcionario tuviera interés en que no se conozca la información que le solicitan.

Tomando la afirmación de Hinojo sobre la supuesta naturaleza maliciosa de los pedidos de informes, Baca expresó que el presidente del bloque justicialista “introduce un escándalo desde el punto de vista del derecho” y por otro lado lamentó que sea una persona joven que recién comienza en la política, el diputado Germán Fellner, el autor del proyecto para recortar las atribuciones de los presidentes de comisiones. Para invitar a alguien a la comisión hará falta mayoría y las firmas de los diputados, lo que para Baca es “la voluntad de cerrar y no dejar que nadie entre a la Legislatura. A la gente que sufre contaminación y no tiene respuesta del Estado, acá tampoco la vamos a recibir”, agregó para confiar que le provocaba vergüenza el proyecto.

El diputado Oscar Perassi del Frente Primero Jujuy dijo coincidir con la defensa del derecho a la información que está contenida en el fallo de la Corte Suprema y subrayó que la democracia “se basa en la transparencia y para que haya transparencia debe haber información”. Para Perassi, “no hay un atentado al triunfo electoral o a las mayorías de la Legislatura cuando un diputado o a comisión busca información porque, ¿de qué manera se puede trabajar un proyecto, mejorarlo, rechazarlo o votarlo si no se cuenta con la información para emitir despacho?”.

En medio del entrecruce de acusaciones sobre incumplimientos a los pedidos de información pública en el Gobierno y el municipio capitalino, el debate terminó con la exposición del presidente del bloque radical Alberto Bernis, quien definió que los pedidos de informes “son políticos y nosotros hacemos política”.
Citando datos del Ministerio de Planificación de la Nación, Bernis aseguró que el kilómetro de la autopista a Yala “es el más caro de la historia” ya que cuesta más de 5 millones de pesos. La ciudadanía a través de instrumentos como la Ley 4444 se puede informar de cómo se manejan los dineros públicos, dijo Bernis y enfatizó que “ni Cristina Fernández de Kirchner ni Eduardo Fellner son dueños de la plata; son administradores de los recursos públicos y deben rendir cuentas”.

Inequidad de Snopek

La conducta del vicepresidente primero de la Cámara, Guillermo Snopek, que presidió la sesión, fue motivo de quejas entre diputados radicales que le reclamaron equidad en el trato debido a que permitió alusiones personales a sus compañeros de bloque pero estuvo atento a no dejarlas pasar a la oposición. Snopek, además, controló rigurosamente el tiempo de exposición de los miembros de la bancada radical, a los que interrumpió varias veces para advertirles que debían terminar, no así con sus colegas justicialistas.

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