Gerardo Morales: “El gobierno provincial pretende menoscabar el derecho a la vivienda”

La Unión Cívica Radical efectuó críticas a los planteos del Gobierno provincial en una conferencia encabezada por Gerardo Morales.

Jujuy – “Nos sorprende la concepción del Gobierno Provincial en torno al derecho a la vivienda, reducida a una cuestión patrimonial, así como la negación de su responsabilidad de proveer servicios esenciales en los lotes. La posición del Gobierno confronta con la filosofía política del peronismo, desconoce los avances producidos en las normas supranacionales que reconocen el derecho a la vivienda, así como la protección a la infancia y abjura de su obligación de atender las cuestiones humanitarias que se están produciendo en los lotes” afirmó el senador nacional Gerardo Morales en conferencia de prensa.

En la mañana de ayer, se concretó una audiencia en el Tribunal Contencioso Administrativo donde se tramita la demanda de amparo presentada por la UCR y particulares para que se exija al Estado el cumplimiento del programa de emergencia “Un lote para cada familia jujeña que lo necesite”.

En la audiencia judicial -que se reanudó tras el cuarto intermedio que impuso la justicia el viernes último- el Gobierno Provincial, a través del Procurador General, Gustavo Toro, contestó la demanda. También entonces se conoció la adhesión del Defensor de Menores a los términos de la demanda y la prueba presentada por los legisladores radicales quienes han denunciado, además, la afectación a los derechos de los niños provocadas por las condiciones que soportan los hijos de las familias que viven en diversos asentamientos.

La Unión Cívica Radical efectuó críticas a los planteos del Gobierno provincial en una conferencia en la que estuvieron presentes junto a Morales, los diputados nacionales Mario Fiad y Miguel Giubergia y los legisladores provinciales Alberto Bernis y Pablo Baca, entre otros.

Morales, en principio recordó que la UCR a través de sus legisladores y junto a personas damnificadas por la forma de ejecución del Programa “Un lote para cada familia que lo necesite”, presentó una demanda de amparo a los efectos de que la justicia obligue al Estado a dar cumplimiento efectivo e inmediato a los Decretos Nº 9190 y 9191 que instrumentaron dicho programa. Pero además en la demanda también se ha requerido que se provean servicios esenciales para paliar la crisis humanitaria configurada por la falta de agua, energía, recolección de residuos, cloacas, desagües pluviales y seguridad.

“Estamos sorprendidos por la respuesta del Gobierno y su posición respecto de esta problemática” afirmó Morales y observó que los lineamientos dados por el Gobierno a su representante legal, “lamentablemente estuvieron orientadas únicamente a chicanear y obstaculizar el proceso con argumentos de procedimiento, eludiendo las cuestiones de fondo”.

Observó que la actitud del Gobierno no sólo apunta a negar la realidad que existe en los asentamientos y las deficiencias en la ejecución del programa, y por ende a obstaculizar las soluciones posibles, sino que además ante un planteo del presidente de trámite del Tribunal, el Gobierno ha negado la posibilidad de una acción de conciliación para proveer una solución al reclamo que expresa la demanda.

El senador Gerardo Morales indicó que en su contestación el Estado ha subestimado el derecho a la vivienda, y ha recurrido a un fallo que indica que “se trata del derecho menos concreto y más programático de los derechos esenciales y, pese a estar garantizado en disposiciones internacionales y nacionales, no son pocos quienes opinan que está supeditado a lo económicamente posible”.

En esta línea, Morales indicó que la adscripción del Gobierno Provincial a esta posición doctrinal, representa un retroceso y lesiona una conquista histórica de los partidos populares como la Unión Cívica Radical y del propio peronismo que reconoció el derecho a la vivienda digna en la Constitución de 1949. Pero además, dijo Morales, “es una ofensa a las personas y las familias que claman por una vivienda digna. Y esto es lo que justifica y le da sentido a la actitud del Gobierno de no cumplir con el programa”.

También explicó Morales que el Gobierno provincial en su contestación ha negado que sea su obligación brindar servicios y al respecto incurre en algunas contradicciones. Precisó el senador nacional que el Gobierno aduce en principio que los decretos que crean el programa “Un lote para cada familia que lo necesite” no garantizan los derechos a los servicios y reduce la obligación estatal al lote, al que considera no un derecho sino una cuestión patrimonial”. Más adelante –agregó Morales, el estado reconoce que los decretos estipulan que deben brindar servicios de agua potable, luz, perfilado de calles y enripiado”.

Subrayó Morales, que dichos decretos señalan claramente la obligación del Estado en esta materia, pero además recordó que hay leyes preexistentes que no dejan dudas respecto de esta obligación. “Una ley de fondo, la 3169 sobre el Régimen de Tierras Fiscales, en su art. 76 habla de las obras de infraestructura y la instalación servicios básicos”.

También recordó el senador jujeño que “la Ley 2903 de fraccionamiento de tierras define servicios básicos y para las zonas urbanas establece que deben proveerse servicios de agua corriente, energía eléctrica, alumbrado público, pavimento, desagües fluviales y cloaca”.

“Es decir el Estado no sólo pretende desconocer decretos leyes, sino que va más allá y pretende incumplir leyes anteriores al programa de emergencia”, enfatizó Morales.

También expresó su preocupación por la manifestación del Estado que ha expresado que no existe un plazo determinado para el cumplimiento del programa “Un lote para cada familia que lo necesite”. Recordó Morales que el Gobierno provincial en el marco de la crisis habitacional en agosto del año pasado anunció que brindaría soluciones en un plazo de 15 días, lo que generó la reacción del radicalismo que denunció una actitud demagógica de corte electoralista.

Morales informó además que el Gobierno ha desconocido que haya plazos de cumplimiento del programa. “Hasta el momento de los 32 mil beneficiarios del programa, sólo 5 mil han recibido un lote. De continuar este ritmo de ejecución, se necesitarán 6 años para cumplir con un programa que es de emergencia”.

“Si la naturaleza de este programa está sostenida en la emergencia, debería resolverse en lo inmediato” enfatizó el senador radical y expresó la expectativa de los legisladores y los damnificados directos en torno a la decisión de la justicia.

“Aspiramos a que se obligue a cumplir los Decretos y las leyes vigentes y que el Gobierno establezca un plazo razonable atendiendo la necesidad impostergable de solucionar las cuestiones humanitarias en los lotes y la necesidad de una vivienda digna de los inscriptos en el programa”.

“La actitud displicente y obstruccionista del Gobierno en este proceso y su evidente falta de voluntad para solucionar el problema, sumado a esta conceptualización del derecho a la vivienda y a los servicios, constituyen franco retroceso y agravian los avances producidos en materia de derechos económicos, sociales y culturales” definió Morales.

Finalmente Morales, abogó por una pronta resolución judicial que tutele y garantice los derechos afectados y consideró que atendiendo el fondo de la cuestión, sería deseable que la justicia disponga una inspección ocular que les permita conocer in situ la situación que viven las familias en los asentamientos”.

Pablo Baca

El diputado Pablo Baca, por su parte, explicó que tras la audiencia judicial concretada esta mañana el Tribunal Contencioso Administrativo deberá llevar a cabo la apertura de la prueba ofrecida y ordenar otras que considere necesarias.

Observó el legislador provincial que “en la audiencia se puso de manifiesto la voluntad que tiene el Estado de no cumplir el programa, de expresar su molestia por la demanda impulsada por los legisladores y adjudicatarios y negar a la justicia la posibilidad de que ordene cumplir con el programa”.

“El Gobierno tiene actitudes dilatorias y ha expresado cuestionamientos a la posibilidad que se produzcan pruebas destinadas a que no se conozca el estado de ejecución del programa. Pero también el Gobierno pretende evitar que la justicia se expida obligando al cumplimiento. En última instancia pretende que este programa dependa exclusivamente de la voluntad del Poder Ejecutivo y que quede supeditado a su mera voluntad y antojo, para cumplirlo cuando quiera y de la manera que quiera”, agregó Baca.

Cuestionó Baca la postura del estado provincial que “pretende que la justicia no pueda imponer un plazo a un programa que resulta de decretos y leyes y que ha sido formulado para atender cuestiones de urgencia en una crisis habitacional”.

Por otra parte, Baca explicó que como en la problemática que se ha denunciado en la justicia “están involucrados derechos de la infancia, el presidente de trámite le ha dado participación al Defensor de Menores”. A propósito resaltó que este “ha adherido a nuestra posición en todos los términos, tanto a la demanda y a la prueba que hemos ofrecido en el día de la fecha. De modo que el Defensor de Menores ha compartido la necesidad de que se lleve adelante el programa de forma inmediata y con los servicios que corresponden para garantizar los derechos de los niños y niñas que viven en los asentamientos”.

Por otra parte, recordó que se ha solicitado una medida cautelar para que se implemente servicio de agua potable y seguridad pública, atendiendo que la ausencia de agua genera un riesgo sanitario y la ausencia de luz afecta la seguridad e integridad e las personas, expuestas de diversos delitos. Pero además se ha requerido la instalación de baños públicos, hasta tanto se provean los servicios de infraestructura sanitaria y recolección de residuos para evitar una crisis ambiental. Explicó Baca que el Estado considera que no tiene una obligación en este sentido, lo cual constituye una interpretación que contraviene las disposiciones legales vigentes.

Finalmente el legislador consideró que al tratarse de una demanda de amparo, “deberían llevarse adelante los actos con celeridad, estamos invocando cuestiones de urgencia y cuestiones humanitarias. Si bien la justicia tiene su tiempo, aspiramos a que el proceso vaya adelante con la urgencia que corresponde a la situación”, concluyó.