Tras ocho años de estudio, Diputados aprobaron la Ley Marco de Patrimonio Cultural y Natural

Diputado Miguel Tito, autor del proyecto de Ley Marco de Patrimonio.

Ensuciar, quemar o romper las esculturas de Lola Mora o tirar bombas contra el Salón de la Bandera, acciones que ya son parte del folklore de la protesta social en Jujuy, podrían ser sancionadas con multas una vez que el Poder Ejecutivo reglamente la Ley 5751 Marco de Patrimonio Cultural y Natural, sancionada por la Legislatura en la sesión extraordinaria de ayer, luego de un trámite que llevó ocho años y no pocas idas y vueltas.

La ley instituye el marco legal para la investigación, preservación, conservación, salvaguarda, restauración, promoción, acrecentamiento, difusión y transmisión para las generaciones futuras del Patrimonio Cultural y Natural de Jujuy, al que define como el “conjunto de bienes muebles e inmuebles, saberes y prácticas pertenecientes, desarrollados o ubicados en el territorio de la Provincia de Jujuy, cualquiera sea su régimen jurídico y titularidad, que en sus aspectos tangibles o intangibles, materiales o simbólicos, y que por su significación intrínseca o convencionalmente atribuida, definen la identidad y la memoria colectiva de sus habitantes, o se destaquen por su valor o significación, comprendiendo su entorno social, natural y paisajístico”.

Especifica asimismo que los bienes integrantes del patrimonio cultural y natural “son aquellos de carácter cultural o natural definidos como tales por su valor excepcional desde el punto de vista estético, científico, de la conservación o de la belleza natural, así como el patrimonio cultural viviente”.

En el debate, se planteó el tiempo que tardó la sanción de la ley, y fue el diputado Miguel Tito, autor del proyecto, quien sostuvo que no hay razones que justifiquen semejante demora. Tito afirmó que la norma permitirá cuidar las riquezas culturales y naturales de Jujuy, hasta ahora desprotegidas, remarcando que “patrimonio es sinónimo de atracción y atracción de turismo y turismo de trabajo genuino para nuestro pueblo”.

El justicialista José Melé explicó que numerosas instituciones y profesionales del orden nacional e internacional participaron en la confección de la ley, por lo cual el estudio llevó mucho tiempo, mientras que Carolina Moisés dijo que hubo una tarea profunda y resaltó los aportes de Jorge Noceti, Néstor José y Cristina Jorge, entre otros. Para Moisés, la ley marco “pondrá límites a los que destruyen el patrimonio y sólo lo ven como un recurso económico” y alertó que la explotación de esta clase de recursos sin la debida protección ha llevado a que la riqueza patrimonial dejara de existir. Además subrayó que el éxito de la norma estará en la “cantidad de recursos y estructura que se ponga en esto”. Carlos Oheler (UCR) definió que la ley es una deuda que tenían los diputados con la Provincia y reflexionó que en el mundo ya no se discute la importancia del vínculo entre el Turismo y la preservación del patrimonio, lo que pone en juego “responsabilidades de muchos actores, el principal de los cuales es el Estado”.

La intervención estatal en los procesos relacionados con el llamado patrimonio intangible -costumbres, tradiciones, ceremonias- prevista en la Ley, fue cuestionada por el radical Pablo Baca, quien advirtió que el papel del Estado frente a estas prácticas culturales debe limitarse a solamente a una función de protección. “El Estado no hace cultura, el Estado tiene que proteger la cultura, tiene que contribuir al registro, pero no tiene que intervenir en el proceso de creación o en la forma de actividad cultural que tiene cada comunidad”, señaló.

La otra cuestión que se planteó en el debate fue el derecho a la consulta de los pueblos originarios, tema que a lo largo del trámite del proyecto venía siendo señalado como el principal motivo de la falta de consenso para aprobar la ley. Baca estimó que la Legislatura está en deuda con ese derecho, el que –advirtió- debe ser reglamentado para hacerse efectivo en la provincia. Destacó también que la Ley Marco de Patrimonio incluye el reconocimiento expreso al Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que constituye “una guía para quienes tengan que prestar el servicio de protección a la cultura en los aspectos que tengan que ver de alguna manera con los intereses de las comunidades aborígenes”. Por otro lado puso en relieve que la ley obliga a coordinar acciones con los municipios en cuyas jurisdicciones existan bienes integrantes del Patrimonio Cultural y Natural, aporte que hizo el bloque radical al despacho.

Baca anunció el voto favorable de la bancada ucerreísta al afirmar que la norma es un avance en términos de reconocimiento y difusión de la cultura local, destacando que la protección del patrimonio tiene enormes réditos económicos y la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de los pueblos. “Acompañamos con la expectativa que la Provincia invierta en la protección del enorme patrimonio que tenemos como una forma de apostar a su desarrollo”, precisó.

A reparos de Alejandro Snopek (FPJ) sobre los mecanismos de consulta a comunidades originarias utilizados durante el estudio en comisiones, el oficialista Jorge Noceti respondió que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no se ha pronunciado aun respecto a la forma en que deben hacer estos requerimientos y tras aclarar que se trata de procedimientos no vinculantes, sostuvo que se ha hecho “lo que podemos”. Oscar Agustín Perassi (FPJ) puso en tela de juicio que la consulta a las comunidades originarias en torno a la Ley de Patrimonio haya sido bien hecha y explicó que desde hace varios años se ha venido planteando en la Cámara la necesidad de sancionar una ley que reglamente la consulta pública, sin poder lograrlo. “A veces parece que se consulta con algunos sí y con otros no y esto está pasando con la minería y por eso se producen conflictos que después no se pueden solucionar fácilmente”, advirtió.
Tito salió al cruce afirmando que se llevaron a cabo numerosas consultas a referentes de pueblos originarios, tanto a verdaderos dirigentes como a los “de calles céntricas”, “consultamos a todo el mundo, lo que pasa es que pasó mucho tiempo”, aseguró.
Disposiciones

La norma reconoce dieciocho categorías de patrimonio, que son: los Sitios o Lugares Históricos; los Monumentos Naturales o Culturales; Conjuntos o grupos de construcciones, Jardines, Espacios Públicos, Zonas Arqueológicas, Recursos y Colecciones Arqueológicas, Colecciones y objetos, Archivos, Expresiones y Manifestaciones Intangibles, Museos, Centros de Interpretación, Bibliotecas, Paisaje Cultural, Itinerarios Culturales, Patrimonio Cultural Vivo y Patrimonio Cultural Viviente.

La autoridad de aplicación, que según la ley será el organismo cultural de máxima jerarquía del Poder Ejecutivo, deberá poner en ejecución las acciones tendientes a la protección de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural y Natural de la Provincia en todo el territorio provincial y ejecutará políticas de recuperación de aquellos bienes que se encontraren fuera del mismo. También deberá realizar la catalogación de los bienes sujetos a tal medida, en colaboración con otros organismos públicos o privados.

La autoridad de aplicación queda obligada a llevar a cabo numerosas acciones, entre ellas, proponer y categorizar los bienes de interés cultural o natural que conformarán el Patrimonio Cultural y Natural de la Provincia de Jujuy y, en los casos que corresponda, proceder a la desafectación de los que ya hubiesen sido declarados. Ejercer la superintendencia del conjunto de los bienes que conforman el patrimonio, para lo cual podrá requerir la colaboración de los órganos de seguridad de la Provincia, de la Nación o de la comunidad internacional, es otra de las funciones, así como programar y ejecutar políticas de gestión e investigación dirigidas a la tutela, fomento y protección del patrimonio. También deberá planificar estrategias, proyectos de estímulo y mecanismos de conservación, restauración y puesta en valor de los bienes que lo integran y queda facultado para realizar cualquier tipo de intervención y salvaguarda del Patrimonio.

Otras de sus funciones son la realización de estudios de campo, la creación de una base de datos sobre personas idóneas, centros, instituciones públicas o privadas expertos en la materia que puedan llevar adelante tareas de conservación y restauración; ejercer la tarea de coordinación, fomento y colaboración de organismos de distinta índole que tengan poder de decisión sobre los bienes de interés cultural o natural de la Provincia para realizar un trabajo conjunto, alentar la creación de instituciones, organismos, fundaciones, museos, centros de interpretación o de características similares que impulsen la protección de la actividad cultural y del espacio natural, apoyando a los ya existentes.

La autoridad de aplicación también deberá fomentar la capacitación en estos temas, difundir y divulgar el conocimiento y la valoración de los bienes culturales, promover las prácticas y saberes que forman parte del patrimonio cultural y natural, ejecutar políticas de recuperación de aquellos bienes culturales que se encontrasen fuera del territorio de la Provincia, así como gestionar acuerdos de participación y colaboración con organismos, instituciones, personas o grupos sociales que por algún motivo se encuentren afectados o involucrados en actividades que hagan al Patrimonio. También deberá establecer un sistema de comunicación integrado y sistematizado para lo cual deberá elaborar un registro digitalizado y ser el centro de recepción de la información contenida en todos los registros, catálogos, inventarios y otras fuentes documentales.

Entre sus funciones está la de disponer el otorgamiento de subsidios, préstamos, becas y premios, el incentivo al mecenazgo; elaborar anualmente el Plan Anual de Inversiones y administrar los fondos presupuestarios que se asignen al cumplimiento de la ley y los importes que se recauden por la aplicación de multas.
La ley crea una comisión de asesoramiento técnico permanente y la Unidad de Registro, Inventario y Catalogación, la que tendrá a su cargo recopilar y coordinar toda información relativa a los bienes culturales y naturales de la Provincia, que pertenezcan tanto al sector público como a los particulares, con el objeto de conocer, difundir y permitir el seguimiento, goce y aprovechamiento del cúmulo patrimonial de la Provincia de Jujuy.

En otro artículo, la ley dice que los propietarios, poseedores o tenedores por cualquier título de algún bien que forme parte del Patrimonio tendrán la obligación de resguardarlo, protegerlo y salvaguardarlo, sin perjuicio de acordar con la autoridad de aplicación las condiciones para el disfrute, goce y aprovechamiento del mismo por parte de la comunidad. También se establece que estos propietarios estarán obligados a registrar los bienes en la base de datos que organice el órgano de aplicación.

Por otro lado, queda prohibida la enajenación, transferencia de titularidad, guarda o tutela, traslado, modificación o destrucción de los bienes que conformen el Patrimonio Cultural y Natural de la Provincia de Jujuy, sin la previa intervención y autorización de la autoridad de aplicación. El Estado Provincial tendrá derecho de preferencia para la compra de los bienes del dominio privado que se ofrezcan en venta.

Se crea, además, un sistema de estímulos con el fin de conservar, proteger y registrar los bienes que formen parte del Patrimonio, a través de premios, exenciones impositivas y otras acciones.

La ley contempla sanciones que se aplicarán a quienes no protejan, resguarden, salvaguarden o impidan el disfrute o goce de algún bien que forme parte del Patrimonio Cultural y Natural de la Provincia de Jujuy; a los que enajenen, transfieran la titularidad, guarda o tutela, trasladen, modifiquen o distribuyan, en todo o en parte, algún bien que forme parte del Patrimonio, sin la previa intervención de la autoridad de aplicación. Será también pasible de multarse que se oculte, destruya, modifique, altere en todo o alguna de sus partes, desfigure, desnaturalice, abandone o transforme algún bien, práctica o saber incorporado al Patrimonio, sin la previa intervención de la autoridad de aplicación; que se contamine o altere el entorno de todo o parte de un bien declarado Patrimonio Cultural y Natural de la Provincia de Jujuy, mediante carteles, afiches, etc. Las demoliciones o excavaciones de bienes integrantes del Patrimonio sin la previa autorización de la autoridad de aplicación, será considerada infracción.
En otro orden, confiere competencia a las fuerzas de seguridad –Policía Provincial, Federal, Gendarmería, autoridades portuarias, aduaneras- para prevenir la comisión de faltas cuando sus efectivos tomaren conocimiento de acciones que pongan en peligro o afecten al Patrimonio y les manda a actuar en resguardo de los bienes. El agente que intervenga en una falta –estipula la norma- está obligado a proteger los bienes dañados, restablecer el orden, incautar los elementos utilizados para la falta si los hubiere, dar noticia inmediata a la autoridad de aplicación para que tome intervención en la causa y proceder a comprobar el nombre y domicilio de los testigos del hecho, a los fines de que pueda realizarse de una manera eficaz el sumario administrativo correspondiente y trasladar al infractor a la sede policial más próxima con el fin de practicar las diligencias pertinentes, según el caso.

La ley pone al Ejecutivo un plazo de 180 días para la reglamentación, la que deberá fijar el monto de las multas.