Jujuy: el Gobierno presentó en Diputados reforma del régimen de regalías para municipios mineros

Minería: el Gobierno busca nuevo criterio de reparto de las regalías de los municipios.

Modificaciones al reparto de porcentajes de las regalías mineras de los municipios que cuentan con yacimientos y la creación de un nuevo régimen de promoción y desarrollo para la Quebrada y Puna son los puntos centrales del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo en la Legislatura.

El régimen propuesto prevé afectar el 35 por ciento sobre el total de los recursos percibidos en concepto de regalías mineras para la creación del Fondo de Promoción y Desarrollo de la Quebrada y Puna.

Además, fija a favor de los municipios y comisiones municipales localizados en las zonas mineras una afectación del 5 por ciento de lo recaudado por Derechos de Explotación de Minerales, tomando como base lo tributado por cada explotación minera. La ley en vigencia establece que las jurisdicciones municipales deben percibir el 50 por ciento, a partir de una ley que promovió el ex gobernador Barrionuevo en el año 2010.

Por otro lado, el proyecto propicia la derogación de las leyes 4121 y 5653 y la modificación de la Ley 4520. Sus objetivos, dice el Gobierno, son unificar en una sola norma el sistema de afectación de regalías mineras, determinar de manera “racional y equitativa” el destino de fondos que por definición corresponden al Estado provincial, garantizando que ellos sean efectivamente utilizados para los fines previstos constitucionalmente.

La nueva normativa –destaca el Ejecutivo- propone crear de manera expeditiva los mecanismos y medios de control de las actividades que desarrollan los actores de la actividad minera, generar la redistribución de los recursos recaudados por la provincia conforme a pautas preestablecidas que permitan la reinversión en aéreas productivas que permitan crear puestos de trabajo, como asimismo crear infraestructura para el desarrollo sostenido y armónico de las regiones.

En los fundamentos se señala que las regalías mineras son los recursos del Tesoro provincial que mayor crecimiento proporcional ha experimentado en el último ejercicio.

Por otro lado se destaca que el artículo 84 de la Constitución provincial dispone que la recaudación por derechos de explotación de minerales debe ser afectada preferentemente a la realización de programas de desarrollo y obras de bien común en los departamentos, municipios o zonas donde se encuentren los yacimientos o sustancias que generen la percepción de los mismos.

Argumentando criterios de interpretación constitucional, la iniciativa del Gobierno propicia derogar el régimen instituido por la Ley 4121 –que creó el Fondo de Fomento de la Quebrada y Puna en el año 1984- y modificar el sostenimiento de la Corporación para el desarrollo de la Cuenca de Pozuelos creada por la Ley 4520 “al menos en lo referente a la inclusión de estos recursos entre los que componen los fondos creados por ambas disposiciones”.

A más de 20 y 25 años de la sanción de ambos regímenes, “consideramos conveniente generar una legislación superadora de los regímenes vigentes que brinden las herramientas aptas para el desarrollo de las regiones de Quebrada y Puna”, se añade.

El proyecto comienza por crear el Nuevo régimen de Promoción y Desarrollo de Quebrada y Puna que estará destinado a “desarrollar las acciones tendientes a lograr el progreso integral e integrado de la región, respetando los principios de equidad y justicia social, de acuerdo a la planificación provincias y a las disposiciones que dicte el Poder Ejecutivo”.

Luego dispone la afectación del 35 por ciento de las regalías para constituir el Fondo de Promoción y Desarrollo de Quebrada y Puna y se estipula que será el Poder Ejecutivo el que disponga las acciones de promoción y desarrollo de las zonas beneficiadas. No obstante, le reconoce a los municipios de la región minera –en forma conjunta o separada- la facultar para presentar los proyectos, pero les impone la obligación de utilizar los recursos con un fin determinado y en ningún caso para la cancelación de obligaciones corrientes o gastos en personal.

En otro artículo se establece que el fortalecimiento y desarrollo de la Secretaría de Minería, en especial de sus aéreas de fiscalización y control, se sustentará con fondos asignados en las leyes de presupuesto, los que deberán ser suficientes para financiar el plan de acción que dicha cartera deberá elaborar anualmente.

Finalmente, el proyecto propicia derogar los artículos 25,26,27,28 y 29 de la Ley 5420  y las leyes 4121 y 5653.