Recala en el Poder Judicial la
contaminación por PCB en la
Escuela Normal de Libertador

Un grupo de padres de alumnos de la Escuela Normal de Libertador General San Martín, ante la aparición de casos de cáncer registrados en los alumnos desde 2001, solicitaron a la justicia provincial que obligue al Estado a llevar adelante una investigación para determinar fehacientemente si el establecimiento y sus inmediaciones están expuestos a restos de PCB. Asimismo, solicitaron que se realicen estudios de sangre y grasas corporales en los niños expuestos y afectados, siguiendo métodos de detección de PCB estandarizados a nivel internacional y, en forma precautoria, requirieron que se disponga el cierre de la unidad educativa.

Con el patrocinio letrado de los abogados Gastón Morales y Luciano Riva, los padres y madres de niños de la Escuela resolvieron promover una acción de amparo después de agotar las vías de reclamo y de demandar medidas para prevenir nuevos casos de patologías, como las que habrían sufrido diversos niños por la exposición al PCB de un transformador eléctrico que durante varios años permaneció en las cercanías del local escolar.

Manifestación de alumnos de la Escuela Normal de Libertador por la contaminación de PCB.

Explicaron los abogados que se ha requerido como medida preliminar de urgencia “el secuestro del Transformador en cuestión, actualmente en poder de EJE S.A.”, para realizar nuevos análisis, conforme a las disposiciones de la Resolución del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). También, se solicitó “el rastreo y posterior análisis del transformador que se encontraba instalado en el mismo lugar con anterioridad al citado, el cual hizo explosión en el día 23 diciembre del año 2008”.

Por otra parte, en el amparo se solicitó a la justicia que intime a la SU.SE.PU para que remita las muestras –extraídas en el establecimiento- y que fueran retiradas en “extrañas circunstancias” por EJESA de la Escuela Normal de LGSM, a los efectos someterlas a análisis”.

Finalmente, se ha requerido al tribunal que ordene al Estado, la realización de estudios epidemiológicos para conocer los efectos de sustancias tóxicas presentes en el medio ambiente de la provincia, conforme a los parámetros establecidos por la OMS.

El amparo fue radicado en el Tribunal Contencioso Administrativo, recayendo el trámite en la Vocalía del Dr. Benjamín Villafañe. Este jueves, habrá una audiencia en el marco del proceso judicial destinado a dilucidar hechos que conmueven a la comunidad de Libertador General San Martín.
En el trámite además, el juzgado deberá evaluar los procedimientos que ha adoptado el Estado al intervenir en esta problemática. Al respecto, Morales y Riva observaron que “el estado se ha manejado irresponsablemente sin tener estudios ambientales completos que descarten, no sólo la posible influencia del PCB sino de otros Compuestos Orgánicos Persistentes presentes en el ambiente de la ciudad de Libertador”.

“En base a este presupuesto –agregaron- se hace difícil creer en lo que han manifestado representantes de los Estados provincial y municipal, respecto a que no hay contaminación. Lo cierto es que en un espacio acotado espacialmente hay niveles de enfermedad que superan los parámetros normales. También es cierto que esto ha provocado una legítima inquietud en los padres y que el Estado no ha adoptado todos los recaudos para  reducir la incertidumbre que se vive como una amenaza a la integridad y a la vida misma de la población escolar”, resaltaron los abogados.
Antecedentes del amparo

El 13 de diciembre de 2010, el doctor Gastón Morales presentó un pedido de acceso a la información pública ambiental en la Secretaría de Gestión Ambiental de la provincia, acerca de las empresas EJESA y EJEDSA. La Secretaría remitió el pedido a la Dirección de Políticas Ambientales y Recursos Naturales (DPARN), atento a que dicho organismo funciona en la provincia como autoridad de aplicación de las normas vinculadas a la gestión y descontaminación de PCB.
“Entre las irregularidades que surgieron de la respuesta proporcionada por la DPARN, se destacan aquellas que tienen como causa un deliberado incumplimiento de la Ley 25.670, tanto por parte de la Empresa EJESA como por parte del Estado Provincial” precisó Morales.

El informe de la DPARN –agregó- comienza indicando que “la empresa EJESA cumplió con lo ordenado por la Ley provincial No 5410… en lo referido al programa de eliminación o descontaminación de PCBs.  Ahora bien, luego remite a expedientes de EJESA y EJEDSA, donde se observa que los mismos contienen información incompleta”

“Se desprende de los expedientes que EJESA eligió al azar algunos de sus equipos eléctricos a los efectos de efectuar los estudios pertinentes tendientes a cumplir con el fin de la legislación imperante en esta materia, y esa simple acreditación aleatoria bastó para que la autoridad de aplicación provincial entienda como cumplida de forma íntegra la obligación impuesta por la Ley 25.670 y su complementaria la Ley provincial 5410”.

Pero además, añadió Morales, “como al promulgarse el decreto que reglamentó el Registro de Poseedores de PCBs, la empresa EJESA ya había finalizado su Plan de Descontaminación y no tenía equipos con PCBs, la Dirección consideró que no correspondía que cumplimentera la declaración jurada para la inscripción en el mencionado Registro”.

“De este modo, la DPARN, en su calidad de ente de contralor de la actividad de aquellas empresas que utilizan PCB, consideró que podía eximírsela a la empresa de una de las obligaciones que hacen a la esencia misma de la Ley 25.670: la presentación de la declaración jurada no de alguno de sus equipos, de todos los que se encuentren en el territorio provincial”.
Además, agregó Morales, “por lo que se desprende de la información pública, EJESA no tiene contratado un seguro que exige el art. 9 de la Ley 25.670”.

Objetó también el letrado “la actitud de la empresa para con los padres de la Escuela Normal de LGSM resulta al menos sospechosa, ya que unilateralmente EJESA se llevó las muestras testigo un día feriado y sin haber informado a los padres tal decisión”.

Como se puede observar “ni las autoridades estatales encargadas de velar por la salud de los niños de la Escuela Normal de LGSM, ni la empresa EJESA han adoptado una posición seria tendiente a despejar de una vez por todas las presunciones legales y fácticas sobre el PCB u otros compuestos orgánicos persistentes, en el sentido de que estos puedan ser los causantes de las enfermedades que afectan a niños del establecimiento” afirmó Morales y finalizó señalando que por estos motivos los padres resolvieron recurrir a la justicia.