Ley de Glaciares: el Gobierno
dice que debe defender la
titularidad de los recursos

Nieves eternas en el Chañi.

Nieves eternas en el Chañi.

La norma sancionada sobre tablas por la Legislatura de Jujuy fue acordada entre los gobernadores de las provincias cordilleranas con el secretario de Minería de la Nación. En algunos aspectos, reproduce textualmente el proyecto del senador Filmus.

El objeto de la ley –dice el texto sancionado por los diputados jujeños- es la “protección de los glaciares” a fin de preservar sus funciones como “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas”.

Define luego que los glaciares existentes en el territorio provincial constituyen “bienes de carácter público” y que su dominio corresponde al Estado provincial como titular de los recursos naturales que se encuentran dentro de su jurisdicción.

Asimismo estipula que a los fines legales, la protección se extiende dentro del ambiente glacial a los glaciares descubiertos y cubiertos y dentro del ambiente periglacial a los glaciares de escombros activos, en la medida que dichos cuerpos cumplan uno o más de los servicios ambientales y sociales señalados.

Además aclara que glaciares descubiertos son aquellos cuerpos de hielo perenne expuestos, formados por la re-cristalizacion de la nieve, cualquiera sea su forma y dimensión, mientras que los glaciares cubiertos son aquellos cuerpos de hielo perenne que poseen una cobertura detrítica o sedimentaria. Establece también que los glaciares de escombros activos son aquellos cuerpos de detrito congelado y saturados de hielo, cuyo origen está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelos permanentemente congelados y con hielo subterráneo o con hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, siempre y cuando constituyan fuente de agua de recarga de cuencas hidrográficas.

En otro artículo, se crea el Inventario Provincial de Glaciares, el que deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de cinco años, y que será confeccionado por la autoridad provincial de aplicación –Secretaría de Gestión Ambiental- en el plazo de un año desde la promulgación de la ley.

Se estipula que en el caso de glaciares ubicados en zonas limítrofes, cuyo límite internacional se encuentre aun pendiente de demarcación, en forma previa al registro de la información correspondiente, se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores.

En los glaciares incluidos dentro del Inventario –dice la ley- quedan prohibidas las “actividades que impliquen su destrucción o traslado o interfieren en su avance”, todo lo cual será determinado por una evaluación de impacto.

También se establece que todas las actividades proyectadas en los glaciares incluidos en el Inventario estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica, “según corresponda confirme escala de intervención, previo a su autorización y ejecución, conforme a la normativa  vigente”.

Los estudios/informes de impacto ambiental, como mínimo, deberán precisar la cuenca hidrográfica a la que pertenece el cuerpo, la ubicación, dimensiones, geología específica del sitio, parámetros climáticos, parámetros hidrológicos, calidad de aguas, biología de flora y fauna y otros comportamientos anómalos como “surges”, evaluación de riesgo y peligrosidad de los procesos geológicos asociados con el avance y retroceso de cada glaciar.

La norma dice que quedan exceptuadas del requisito del estudio de impacto ambiental las actividades de rescate derivado de emergencias aéreas o terrestres, científicas, deportivas (no motorizadas que perturben el ambiente) y las que “sean clasificadas de manera fundada como de mínimo impacto por la autoridad de aplicación y a pedido de parte”.

Las multas por el incumplimiento a las disposiciones de la norma serán de 50 mil a 50 millones de pesos, pero también se estipulan otras medidas como suspensiones y cese de actividades.
Asimismo, queda establecido que la reglamentación de la ley debe hacerse en un plazo de noventa días a partir de la promulgación.

En los fundamentos, señala el Poder Ejecutivo que la iniciativa tiene el propósito de garantizar y proteger la titularidad de los recursos naturales de la provincia y “evitar que el Congreso nacional enerve facultades no delegadas por la provincia”.

Recuerda el gobernador que en noviembre de 2008 el Poder Ejecutivo Nacional vetó el proyecto de ley  26418, basándose en que la iniciativa “podría afectar el desarrollo de las economías de las provincias, lesionando las autonomías provinciales”.

“Luego de ello –agrega- las provincias empezaron a dictar normas tendientes a regular los glaciares y la provisión de las aguas con la finalidad de evitar el progreso de normas como la vetada, tal es el caso de la provincia de Santa Cruz”.

Tras citar que actualmente se debate en el Congreso una serie de proyectos de ley sobre Presupuestos Mínimos para la protección del medio ambiente periglacial, advierte que la característica uniforme de aquellos es “la prohibición de toda actividad en los glaciales y ambientes periglaciales, violando la jurisdicción provincial consagrada en el artículo 41 de la Constitución nacional”.