Admiten demoras en la
entrega de tierras a las
comunidades originarias

Jujuy – El secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Pablo Lozano, admitió como ciertos los planteos de las comunidades aborígenes que denunciaron demoras en el programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (Reteci). “Se reconoce que evidentemente se presenta una mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)”, señaló el funcionario en declaraciones formuladas a la oficina de Prensa de Casa de Gobierno.

También dijo que no podía hacerse cargo de otro planteo de los nativos porque “excede las posibilidades de decisión, y tienen que ver con un cambio del personal y las coordinaciones que prestan servicios en el Programa Reteci, con lo cual el organismo provincial no está de acuerdo, si con que se realicen algunos ajustes, correcciones y sobre todo aprovechando la intención del INAI de incorporar más personal”.

Por lo pronto, anunció la apertura de una instancia en la que el Consejo de Pueblos Originarios pueda proponer profesionales para que se incorporen al programa, puntualizando que se realizó un cuarto intermedio en ese petitorio “porque el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas evidentemente tiene mucho para opinar y decidir al respecto”, entendiendo que la próxima semana se tendrían novedades.

Sobre el Programa de Adjudicaciones Territoriales a las Poblaciones Aborígenes de Jujuy (Prapaj) refirió que sigue en trámite la entrega de tierras a algunas comunidades, sin brindar mayores precisiones. Lozano aseguró que se había reunido con referentes de “la Dirección de Inmuebles, Colonización, Fiscalía de Estado y otras áreas del Gobierno de la Provincia que tienen que ver con viabilizar esos expedientes en forma inmediata, corrigiendo una serie de observaciones realizadas en Inmuebles, para que a posterior pase al decreto del gobernador y la entrega de los títulos correspondientes”.

Mencionó por otro lado que los conflictos se presentan “cuando el Estado provincial invocando la obligación de brindar los servicios básicos en todo el territorio, pretende dejar un determinado lugar o zona para que se establezca una escuela, puesto de salud, comisaría o playón deportivo, y a partir de ahí se encuentra con resistencia de algunas comunidades aborígenes”.

El 30 de junio pasado, las comunidades habían marchado a la Secretaría de Derechos Humanos para expresar su malestar porque se sentían “nuevamente engañadas”. En aquella oportunidad la referente Nimia Apaza denunció que se había gastado una suma millonaria para el revelamiento territorial sin que se haya entregado “ninguna carpeta técnica” y que “el programa de quince meses que tenía que cumplirse con casi trescientas comunidades” no se cumplió”.

“Se gastó el dinero y los títulos no se entregaron”, enfatizó al señalar que en Derechos Humanos “los aborígenes han recibido maltrato, ya que no los atienden y en algunos casos, ni siquiera los dejan entrar al baño”.