La transformación de las políticas sociales
como eje de la recuperación democrática

Por Pablo Baca

La orientación de las políticas sociales ha sido durante estos años uno de los temas que hemos tratado de incorporar al debate político institucional. Así hemos propuesto desde el bloque de la UCR un informe sobre la pobreza y sobre las políticas sociales y su efectividad; y también la creación de una Comisión de Equidad para abordar justamente la situación social y la intervención del Estado.

El oficialismo ha impedido en forma sistemática el tratamiento de todos estos proyectos, tanto en Jujuy como en el Congreso de la Nación, con lo que ha impedido conocer datos sobre la inversión que realiza el Estado, los criterios de distribución, la ejecución de los fondos y finalmente el control de su utilización.

Hemos intentado poner en discusión las políticas sociales focalizadas que han revelado su ineficacia en cuanto a la mejora de la situación de los pobres y que –por el contrario- han derivado en una nueva forma de control social sobre estos sectores, convirtiéndolos en rehenes y llevándolos a una lógica de intervención en el espacio público más cercana a la de los autoritarismos que a las de las democracias. No sólo han sido afectados los ciudadanos que periódicamente viven el caos de una ciudad sitiada o los funcionarios a los que se reclaman medidas con métodos de patota, sino los mismos integrantes de las organizaciones que –según muchos testimonios que escuchamos- viven atemorizados y son llevados a participar de acciones con las que no están de acuerdo.

El modo mismo en que el kirchnerismo ha planificado la política social lleva a la utilización de los recursos para la ejecución de acciones directas basadas en la obediencia derivada del temor a la pérdida de los beneficios. Son beneficios que tendrían que satisfacer derechos fundamentales pero que terminan privando a las personas de su autonomía.

Los recientes sucesos de violencia contra el senador Gerardo Morales y otras personas, han revelado una forma de construcción política que afecta la esencia misma de la democracia. El responsable es el kirchnerismo y también las autoridades provinciales que se encuentran alineadas en ese proyecto y que en Jujuy fueron incapaces de atenuar siquiera sus efectos más perversos.

Y ya en los últimos tiempos, luego de perder las elecciones, el kirchnerismo se lanzó a una pelea contra todos, buscando instalar la lucha, alentando enfrentamientos constantes entre diversos sectores con la pretensión siempre de dirimir todos los conflictos por la fuerza. Basta con observar su renuncia a la resolución democrática de los conflictos, la cooptación de organizaciones de la sociedad civil, los intentos de sojuzgamiento de las instituciones, la intolerancia a la diversidad y a la libre expresión.

Los liderazgos sociales que hoy están cuestionados son el producto de un modelo de gestión que se basa en un manejo arbitrario de los fondos sociales y que construye nuevas burocracias autoritarias. Sala, D`Elia, Pérsico, etc. son una expresión de esa construcción.

Estos liderazgos son el resultado planificado de una concepción de la política donde no hay más que amigos o enemigos, a quienes se premia o se castiga con los recursos públicos. En esa lógica no es posible el desarrollo de una ciudadanía, ni menos la convivencia democrática, que exige respeto al pluralismo, a las libertades individuales y colectivas, el apego a las normas del estado de derecho. Se ha lanzado a la sociedad a un escenario marcado por la falta de reglas, la ausencia de controles y sus consecuencias inmediatas: la violencia y el temor.

Por eso, la discusión de las políticas sociales es central. En esa discusión es donde puede comenzar a resolverse cómo se va a organizar la convivencia, cómo se va a proveer soluciones a la pobreza y la indigencia, cómo se va a gestionar el conflicto social y como se va a canalizar el diálogo colectivo. Es preciso avanzar hacia políticas sociales universales, que posibiliten al mismo tiempo condiciones materiales de existencia y una democracia de ciudadanos/as libres, capaces de ejercer sus libertades.

El debate sobre el ingreso universal para la infancia, representa en ese sentido una oportunidad, porque pone en cuestión las políticas sociales focalizadas que han generado dependencia, estigmatización y han convertido a los beneficiarios en rehenes de una burocracia que administra discrecional y discriminatoriamente los recursos; y que habilita –cuando no promueve- métodos deleznables como las agresiones que han sucedido estos días.

Virar el rumbo de las políticas sociales hacia prestaciones de carácter universal, es una opción política y ética basada en la perspectiva de derecho, que permitiría avanzar en la redistribución de la riqueza de forma efectiva. El sólo hecho de comenzar a tratar a todas los niños/as como ciudadanos/as y redistribuir beneficios conforme a tal derecho constituiría una medida progresista que contribuirá a la reversión de la pobreza en la Argentina. Medidas como el ingreso universal no sólo ahorra costos burocráticos, porque unifica y simplifica las políticas sociales, sino que además otorga beneficios por derecho, evitando intermediaciones que transforman a la población necesitada en una clientela política.

Urge repensar el enfoque de las políticas sociales, avanzar hacia prestaciones universales como el ingreso ciudadano, y finalmente llevar a cabo un reordenamiento del sistema tributario que permita garantizar este tipo de medidas que, de un modo más eficiente e igualitario, ayuden a distribuir poder de consumo.

Y desde nuevas formas de gestión de las políticas sociales, tenemos que reconducir la acción colectiva a los cauces democráticos de institucionalidad y de legalidad. Hay que salvar a la república de las aventuras totalitarias y reestablecer la ciudadanía capturada en la lógica clientelar para devolver condiciones de posibilidad de la democracia. No podemos permitirnos eludir el debate sobre las políticas sociales. De ese debate depende en gran medida, el futuro de la democracia.

Pareciera difícil alentar esperanzas mientras el kirchnerismo persista en su autoritarismo, la dominación de las organizaciones y de los sectores más pobres, vía asignación de recursos. El gobierno de Jujuy estos días se ha molestado cuando algunos dijeron que el Gobernador carecía de decisión. Podría demostrar el error de estas afirmaciones recuperando las responsabilidades y los servicios que tiene que garantizar el Estado o abordando con seriedad el problema de la pobreza. Y, también, asumiendo los compromisos necesarios para erradicar la violencia de Jujuy.

One Response to La transformación de las políticas sociales
como eje de la recuperación democrática

  1. el intento por demonizar a los dirigentes sociales no contribuye a la paz social no se equivoque señor diputado