En Jujuy crearon
el Monotributo
Social provincial

Diputado Miguel Rioja (PJ).

Diputado Miguel Rioja (PJ) fue miembro informante del proyecto.

La Legislatura sancionó en la sesión de ayer un proyecto girado por el Poder Ejecutivo provincial que según algunos diputados ayudará a que los trabajadores cuentapropistas salgan de la informalidad y accedan a los beneficios de obra social y aporte jubilatorio.

La ley crea un régimen de Monotributo Social Provincial y establece que las actividades desarrolladas dentro del territorio de la Provincia de Jujuy por quienes revistan la condición de inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social y se encuentren inscriptos en el Régimen del Monotributo Social ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), tributarán a partir de su inscripción en el mencionado registro, el impuesto sobre los Ingresos Brutos con una tasa equivalente al 40 por ciento de la tasa general establecida de la Ley Impositiva y modificatorias.

Como “beneficios”, la norma menciona que los contribuyentes monotributistas sociales gozarán de una reducción de la alícuota general y mínimo anual del impuesto sobre los Ingresos Brutos previstos en la Ley Impositiva 4652/1992.

A los efectos de acceder al “beneficio”, los beneficiarios del régimen del Monotributo Social deberán inscribirse en el impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Dirección Provincial de Rentas, acreditando en dicho acto el citado carácter ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFP) mediante entrega de fotocopia simple de la constancia emitida por el fisco nacional en oportunidad de presentar el formulario de inscripción respectivo.

Se establece asimismo que los contribuyentes que se encontraren inscriptos en el impuesto sobre los Ingresos Brutos antes de la vigencia de esta ley, “deberán acreditar su condición de beneficiarios del régimen de Monotributo Social de igual forma que la establecida en el articulo anterior a efectos de gozar del beneficio a que se refiere el articulo 3. A tales fines, deberán solicitar la readecuación de su inscripción en las condiciones y plazos que reglamentariamente fije la Dirección Provincial de Rentas a tales efectos. Los beneficios comenzarán a correr a partir del primer día del mes siguiente al de su readecuación.

Los pagos en concepto del impuesto sobre los Ingresos Brutos efectuados con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley no darán derecho a repetición, compensación, acreditación y /o transferencia alguna.

Aclara la Ley que los monotributistas sociales “igualmente deben cumplir con los deberes formales dispuestos por la autoridad de aplicación respecto al impuesto sobre los Ingresos Brutos” y que el “beneficio” procederá en tanto los contribuyentes alcanzados mantengan la condición de monotributistas sociales. Al caducar ésta, la perdida del beneficio operará de pleno derecho y sin necesidad de que medie intervención alguna por parte de la Dirección Provincial de Rentas, debiendo los sujetos involucrados proceder al ingreso del impuesto sobre los Ingresos Brutos por aplicación de las alícuotas vigentes establecidas para la actividad de que se trate, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones establecidas en los artículos 46 y 47 del Código Fiscal.

Las actividades contempladas en la norma fueron especificadas en un agregado a la Ley Impositiva 4652/1992, y son las desarrolladas dentro del territorio jujeño por quienes revistan la condición de inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social creado mediante el Decreto 189/04 del Poder Ejecutivo nacional, que estarán obligados a pagar la tasa equivalente al 40 por ciento de la tasa general establecida para el impuesto sobre los Ingresos Brutos.

La entrada en vigencia de las disposiciones será a partir del primer día del mes siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

Tras derogar la Ley 5399/2003, se faculta a la Dirección Provincial de Rentas para dictar todas las normas reglamentarias, aclaratorias y/o complementarias como así también establecer los requisitos, condiciones y formalidades que considere necesarios a los fines de la aplicación y fiscalización del régimen establecido.