Pablo Baca plantea derogar
la “Ley de imprenta”, una
afrenta a la libre expresión

Diputado Pablo Baca (UCR).

Diputado Pablo Baca (UCR).

Jujuy – El diputado Pablo Baca (UCR) junto a los integrantes de su Bloque, presentó un proyecto de derogación de la Ley 602, conocida como Ley de Imprenta. El legislador considera que las disposiciones de la norma legal constituyen una afrenta a la libertad de expresión por su vocación de regular, controlar y amedrentar al periodismo escrito.

“El debate sobre la libertad de expresión y las posibilidades de regulaciones admisibles ha sido uno de los ejes del debate nacional en torno al Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que está en tratamiento en el Congreso de la Nación. En Jujuy, tenemos algunas deliberaciones pendientes en esta materia, una de ellos es la referida a la derogación de la Ley 602 conocida como Ley de Imprenta, que constituye hoy una aberración jurídica en la medida que contraviene todo el ordenamiento vigente”, señaló el legislador.

La Ley 602 data del año 1925 y responde a un contexto político, institucional y jurídico sustancialmente diferente al actual. De hecho, cuando se aprobó la Ley 602 no se había desarrollado el derecho positivo internacional y regional sobre derechos humanos. Los instrumentos internacionales de derechos humanos han definido un nuevo marco normativo que hoy es parte del derecho nacional. Todos ellos receptan el derecho a la libertad de pensamiento, de expresión y han fortalecido el derecho a la información y a la comunicación que es central para el fortalecimiento democrático.

Baca recordó que “la jurisprudencia construida en el seno del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a partir de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -y que debe ser receptada por la Corte Nacional- no sólo que ha realzado esos derechos como parte consustancial de la construcción republicana y democrática, sino que además ha marcado una tendencia que debe ser seguida en los países de la OEA: la reducción del poder reglamentario y punitivo del estado cuando se trata de cuestiones referidas a la libertad de pensamiento, de expresión y de prensa”.

Por otra parte, la Ley 602 es abiertamente lesiva de disposiciones de la Constitución Provincial. En particular, las establecidas en el Art. 31 “Libertad de pensamiento, prensa y expresión”, que expresa -entre otras cuestiones- “… el ejercicio del derecho establecido…. no estará sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores…”, “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios directos o indirectos”,… “las instalaciones, talleres, establecimientos destinados a la publicación de diarios, revistas u otros medios de difusión, no podrán en ningún caso ser confiscados, decomisados, clausurados, ni expropiados. Tampoco sus labores podrán ser suspendidas, trabadas ni interrumpidas por actos o hechos de los poderes públicos capaces de impedir o dificultar, directa o indirectamente la libre expresión o circulación del pensamiento…

También en ese artículo la Constitución prescribe: “A los fines de garantizar las libertades consagradas por este artículo quedan prohibidos: 1) el secuestro de los instrumentos de difusión como cuerpo del delito o la detención de quienes hubieren colaborado en los trabajos de impresión, propagación o distribución excepto en los casos previstos en esta Constitución…”

La Convención Americana de Derechos Humanos en su art. 13, “Libertad de pensamiento y expresión” señala:

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la Ley y ser necesarias para asegurar:

a) El respeto a los derecho o a la reputación de los demás, o

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o a la salud o la moral pública.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones (…)

La Ley 602 contiene disposiciones lesivas al derecho citado anteriormente y contrarias a la doctrina y la jurisprudencia construida en los órganos del sistema interamericano de derechos humanos.

Algunas de las disposiciones insustentables de la Ley 602 son: la configuración de los abusos de imprenta, los castigos establecidos en la represión de esos abusos, el poder de vigilancia del registro de medios gráficos que se le da a la Intendencia de Policía, la discrecionalidad para admitir o no en ese registro a determinadas personas por presunciones cuanto menos discriminatorias (“si fuera notoriamente insolvente o ebrio consuetudinario o tenga oficios contrarios a la moral… “); la prohibición de venta y circulación de publicaciones u obras que carezcan de los requisitos establecidos en la ley”, la obligación a instaurar acción por calumnia que se le establece a los empleados o funcionarios públicos a quienes se les haya adjudicado una falta o incumplimiento de sus funciones; la posibilidad de secuestro de publicaciones demandadas en la justicia por delitos o por abusos de imprenta, etc.

“Todas las disposiciones de la ley están claramente orientadas a reprimir y desalentar la libertad de expresión y, consecuentemente a reducir su potencialidad en la construcción de la democracia en Jujuy. No es necesario abundar demasiado en las razones que justifican la urgente derogación de esta norma” subrayó Pablo Baca.

Además el legislador planteó que “la libertad de expresión no resiste el intervencionismo gubernamental bajo ningún pretexto, y respecto a la creación de registro de medios indicó que estos son sólo admisibles en la medida que tengan un fin determinado y sólo pueden requerirse datos concretos que no importen o puedan importar alguna forma de discriminación”. Baca además indicó que “no existe justificación alguna para habilitar la intervención de la fuerza policíaca en la creación y administración de registros de este tipo”.

Por otra parte la configuración de los abusos de imprenta, constituye un avasallamiento directo a la libertad de expresión en tanto pretende disuadir a editores y periodistas del ejercicio de su obligación de ser garante del acceso a la información pública. En una sociedad mediatizada, es decir donde el conocimiento de la vida pública se da fundamentalmente en el escenario de los medios, son los/as periodistas los que hacen posible el derecho de recibir información que es parte del derecho de libertad de expresión.

“A medida que el sistema interamericano fue precisando el alcance de la libertad de expresión se ha fortalecido una tendencia a la despenalización de los delitos contra el honor de figuras, funcionarios públicos o particulares involucrados en asuntos de interés público. Los delitos de calumnias o injurias –de acuerdo a la jurisprudencia sentada en el caso Eduardo Rimel c/estado Argentino- son reprimibles sólo por vía civil y de manera restrictiva. En efecto, se considera que no sólo la posibilidad de pérdida de la libertad, sino también las sanciones patrimoniales desalientan la libertad de expresión. La Corte en esta materia ha indicado que la libertad de expresión protege también aquellas expresiones sobre cuestiones de interés público que puedan resultar chocantes o irritantes y que incluso existe una obligación, sobre todo de los/as funcionarios/as públicos/as de soportar esas expresiones”.

Recordó Baca que un proyecto promovido en el año 2002 por los legisladores Enrique Rivas y Jorge Eduardo Beller del Bloque de la UCR, tuvo como objeto también la derogación de la Ley 602, alcanzando inclusive su aprobación como Ley 5344, el 18 de diciembre de 2002. El 8 de marzo del año posterior, el Poder Ejecutivo, ejercido por el vicegobernador a cargo de la Gobernación, emitió el Decreto 6448, a través del cual vetó la Ley 5344. En dicho decreto el Poder Ejecutivo, encomendó al Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación la elaboración de un proyecto para actualizar el texto de la denominada Ley de Imprenta, lo cual finalmente no se concretó.

“De esta forma la Ley 602 continúa siendo una norma vigente, absolutamente anacrónica y que debe ser derogada” dijo Baca y resaltó además el aporte realizado por el periodista Rodolfo Ceballos, quien criticó severamente la fundamentación dada entonces por el Ejecutivo, para  actualizar la Ley 602.

En una nota titulada “Peligra la libertad de prensa: El Gobierno elabora una ley para reglamentarla” Ceballos señalaba que dicho veto “significó haber restablecido en su totalidad la Ley 602, anacrónica y obsoleta. Pero lo más grave –agregaba Ceballos- es que en el art. 3 del Decreto de veto el Poder Ejecutivo entonces disponía: “Encomiéndase al Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación, la elaboración de un proyecto de ley para actualizar el texto de la denominada “Ley de Imprenta 602”, lo cual expresaba –decía Ceballos- la voluntad del Ejecutivo de “violar la Constitución de la Provincia que asegura la libertad de pensamiento, prensa y expresión y establece que no se puede restringir estos derechos por vía o medios directos o indirectos”.

Finalmente el diputado Baca afirmó que “hemos escuchado en estos meses como desde diversos sectores del arco político se han efectuado alegatos a la libertad de expresión. Los sectores políticos con responsabilidades de gobierno, como los sectores que integran la oposición, todos han hablado sobre su importancia y sobre la necesidad de legislar de manera de no afectar este derecho que es consustancial, por es la condición de posibilidad, de la democracia. Entendemos que no existe hoy ningún argumento que pueda seguir dilatando la derogación de la norma en cuestión”.

One Response to Pablo Baca plantea derogar
la “Ley de imprenta”, una
afrenta a la libre expresión

  1. Joel Ugarte

    Desde mi punoto de vista opino que esta ley es una verdadera pavada, donde esta la libertad de expresion???. esto es totalmente anticontitusional.Esta expresa de esta forma en nuestra contitusion en la los articulos 14, 32,y 42, tambien en la ley23054. En EL ARTICULO 14(CN)SE EXPRESA DE ESTA MANERA:TODOS LOS ABITANTES DE LA NACION GOZAN DE LOS SIGUIENTES DERECHOS…DE PUBLICAR SUS IDEAS POR LA PRENSA SIN SENSURA PREVIA
    El articulo 32:el congreso federal no dictara leyes que restringan la livertad de prensao establescan sobre ella la juridiccion federal
    Finalmente el articul42 lamentablemente no recuerdo qe dise este articulo..jeje.. La camara alta deberia aver considerado las futuras consecuencias, tales como las futuras indebnisaciones a las organisasiones del los canales,se debera tomar enucenta qe se le dara una indebnisacion a los perjudicados en concepto de daños y perjuicios. se debe proponer un juicio y llevarlo asta la corte. de esta forma se debera revocar esta absurda ley. espero que el poder ejecutivo de un NO a este proyecto , tambien tomando encuenta que las camaras iniciadoras y las revisoras buelvan a insistir con un minimo de 2/3. almenos propongan un modificasion.
    me despido atentamente…me llamo JOEL UGARTE SOY DE MENDOZA. GUAYMAYEN. TENGO 17 AÑOS..PD: LES PIDO DISCULPAS POR LOS POSIBLES ERRORES ORTOGRAFICOS Y DE REDACCION..