APOC aboga por una buena ley
de contrataciones del Estado

Contadora Susana Ustarez, secretaria general de APOC.

Contadora Susana Ustarez, secretaria general de APOC.

La reforma del régimen de contrataciones del Estado es uno de los temas relevantes que pasó por la Legislatura durante el 2008. El tratamiento de los dos proyectos sobre el tema se circunscribió al ámbito de la Comisión de Finanzas y no llegó a bajar al recinto pero generó expectativas en la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC), cuya secretaria general, Susana Ustarez, habló con El Libertario.com sobre los aspectos principales que debería contemplar la norma para mejorar el control sobre los recursos públicos.

La dirigente de APOC explicó que en el régimen nacional de contrataciones del Estado en vigencia “hay muchas inquietudes porque es un régimen que se basa en el decreto de necesidad y urgencia dictado y que nunca se transformó realmente en una ley de fondo”.

“Nosotros vemos que hay necesidad de reglamentación muy clara. Lo que haría falta además es reorganizar el tema y generar un texto único; esa es una bondad de lo que se está tratando de hacer, derogar todo lo anterior y dejar un texto”, señaló Ustarez.

Además explicó que en el ámbito legislativo, “el debate va a que si este texto debiera ser detallado o si debiera ser simplemente un marco, dejando que las cuestiones administrativas se resuelvan mediante reglamentos”.

“Los proyectos que hay, particularmente el del diputado Rioja, que se basa originalmente en un estudio que se hizo en el Tribunal de Cuentas, siendo él vocal, después se enriqueció con la participación de muchos profesionales de otras áreas”, indicó.

Señaló además que este proyecto, “como texto es bastante preciso, pero todavía le faltan incorporar algunas cosas; en el Tribunal hacemos las auditorias y nos damos cuenta de situaciones que talvez en la ley, en este momento, no se están contemplando. Se pueden contemplar por vía reglamentaria, pero el otro problema crónico en la provincia de Jujuy es que no se reglamenta”, resaltó para recordar que las leyes importantes de la provincia, “como la ley de administración financiera, como la ley de ética, que requerían reglamentaciones, en mucho tiempo ya de dictadas, en caso de la ley de administración financiera ya diez años, no están reglamentadas, ni siquiera implementadas en su totalidad”.

Para Ustarez, esa experiencia en Jujuy “nos lleva a pensar que lo que no diga la ley y vaya por vía reglamentaria, es posible que no tenga reglamentación, nunca se aplique y carezca de herramientas para la implementación. La tentación es que todo lo diga la ley y eso lleva a textos legales de 150 o más artículos, que son difíciles de manejar y en realidad, quiebra el espíritu de que la ley fije un marco y que la reglamentación prevea todo lo demás”, dijo.

“A veces las reglamentaciones cambian la ley, se exceden facultades y ¿quién las para?. Normalmente, el Tribunal de Cuentas señala que un decreto no puede modificar una ley o no la puede ampliar, pero a la larga se transforma en un problema”, afirmó.

“A nosotros –confió- nos preocupa que el control tenga las herramientas para trabajar y una herramienta esencial es una buena ley y bien implementada. Otra cosa necesaria es que se vigile mediante el control interno, que ya no es facultad nuestra, sino de la Contaduría de la provincia, que realmente se implementen en las reparticiones los sistemas que se aprueban, porque están hoy en una cierta anarquía y dejar esa anarquía para pasar a un sistema saneado, no siempre es voluntario. Hay que exigirlo e implementarlo y hay que evitar la tentación de centralizar demasiado todo, en el tema contrataciones, porque se hace un cuello de botella y se transforma en una cosa inmanejable”, precisó.

Consultada sobre el posible uso de Internet como medio de contratación electrónica, Ustares reconoció que si bien son métodos que eficientizan, que ayuda y dinamizan, también advirtió que “la administración es formalista y necesita documentación firmada y sellada, creo que el secreto está en combinar ambas bondades”.

Explicó que el Estado nacional lo tiene incorporado, más no implementado en su totalidad: “esto está en vías de prueba; para nadie es más complicado que para los órganos de control, porque el administrador soluciona y compra. El problema está en controlar que haya sido transparente la compra y el control legal y el control documental. Estas discusiones las tenemos que tener a partir del órgano de control y de su coyuntura”, opinó.

La dirigente también fue consultada acerca de la incapacidad del régimen de control actual de evitar el daño al Estado: “Nosotros tropezamos con el problema, pero la solución es una cuestión de política pública, de control, manejo y gastos. Aquí los empleados estamos a la expectativa de qué se genera a nivel conducción. Nosotros no podemos decir cómo se han de hacer las cosas. Creo que ahora hemos cambiado la filosofía. El sindicato se plantó frente al tribunal diciendo queremos pautas claras y reglas claras, políticas claras y queremos instrucciones de trabajo y un respaldo institucional en la tarea de control”, afirmó.

Ejemplificó que “un auditor que hace la tarea con su criterio personal y profesional y no es respaldado después, no está haciendo bien las cosas. Si uno es empleado público, por más profesional que sea, tiene que tener un marco de referencia o de políticas de control”.