Un debate pendiente y condicionado por la voluntad política de los gobernadores
Por CPN Daniel Grosso - Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy
El conflicto entre el gobierno nacional y las entidades que representan al agro, iniciado tras la Resolución 125 del 11 de marzo pasado, que subió las retenciones a las exportaciones del 35 al 44,1%, para el caso de la soja, disparó otra cuestión, tal vez de mayor significación nacional, como es la del federalismo.
Constitucionalmente la Nación se reserva la percepción de todos los derechos de exportación e importación, norma que se inaugura con la Constitución de 1853 y que la reforma de 1994 no modifica. Por tanto la necesidad de las provincias de poner en discusión los ingresos extraordinarios que actualmente se perciben, dado el buen momento de los precios internacionales de nuestras exportaciones, conlleva necesariamente a un debate parlamentario en los próximos meses. Esto, desde ya, condicionado por la voluntad política de los gobernadores que se animen al planteo.
Mientras tanto esto ocurra el tema de la coparticipación federal de impuestos acompaña a lo anterior como base de una realidad que paso a paso fue distorsionando las reglas que en su momento había sancionado la Ley 23.548 de enero de 1998. A través de esta las Provincias recibirían el 54,6 % de los impuestos coparticipables, la Nación se quedaba con el 42,34. El 2 % se distribuía para compensar a provincias como Buenos Aires, Chubut, Neuquén y Santa Cruz y el restante 1 % integraba el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional.
Desde los Pactos Fiscales, uno y dos , de agosto de 1992 y agosto de 1993, pasando por innumerables decretos y leyes, el sistema de reparto se distorsionó, se enmaraño y el resultado es que en los días que corren la distribución se a trastocado a tal punto que la Nación se queda con aproximadamente el 70 % de los recursos coparticipables y las Provincias con el restante 30 %.
Tenemos que decir en honor a la verdad y al rol que le cabe a nuestro Consejo Profesional, que así como sentamos posición pública en contra de los Pactos Fiscales, porque avizorábamos el perjuicio para nuestra Provincia, fuimos señalando el error de aceptar los decretos y leyes, a través del voto de legisladores nacionales, que finalmente consolidaron la injusticia antifederal. Desde esferas oficiales locales se apoyaba enfáticamente las medidas y los funcionarios del área hacían apología de los supuestos beneficios, como sucediera con el primer Pacto Fiscal.
Para recordar sus significados digamos brevemente que a través del Pacto Fiscal 1, se sacó a las Provincias el 15 % de la masa de impuestos coparticipables, con el argumento de corresponsabilidad con el sistema previsional. Con el Pacto Fiscal 2 se nos privó de atribuciones en materia de percepción de impuestos provinciales, como el de ingresos brutos para ciertas actividades.
El calculo de lo que perdimos como Provincia es multimillonario. Hasta el año 2001 habíamos dejado de percibir mil millones de pesos, en momentos en que la deuda publica provincial ascendía a $ 850 millones. La perdida acumulada al año 2008 supera los $ 3500 millones, equivalente al monto de la actual deuda pública.
El hecho positivo en la coyuntura es que, al parecer a nivel gubernamental, se estarían dando pasos para revertir en parte los daños derivados de la adhesión al Pacto Fiscal 2. Sin embargo las medidas que se requieren para dar vuelta la situación van mas allá de la buena disposición de algunos gobiernos provinciales para mitigar la injusticia . En un momento donde existe un Tesoro Nacional que tiene cada vez mas superavit y arcas provinciales restringidas en relación a sus crecientes funciones y necesidades, el problema es de carácter federal profundo e histórico.
Sientase libre de enviar su opinión