Lluvia
“Este verano trajo muchas lluvias”, dicen los ilustrados meteorólogos del saber popular. Sería necesario un largo y complejo estudio del clima para saber cuanto de verdad existe en esta afirmación. Sin embargo, la sensación que a todos nos dejó la estación estival fue que nos hemos pasado por agua.
Y el agua no nos ha traído tan solo los habituales perjuicios domésticos. Este año, al mismo tiempo, la estación lluviosa ha dejado su consabido saldo de desastres, producto de las crecidas de los cauces fluviales, como desde tantos años viene pasando.
Por mencionar tan solo algunos eventos que vienen a la memoria: una camioneta con destino a Cusi-Cusi, con trágicas conclusiones, familias que vivían a la vera del Xibi-Xibi en nuestra capital, arrastradas por las aguas, unos transeúntes que pretendieron cruzar el vado de este río a la altura del cementerio San Salvador, con infortunados resultados. En todos ellos debimos lamentar víctimas fatales.
Pero no queda aquí la cosa ya que, además, se ha desbordado nuevamente el Arroyo las Martas, con graves perjuicios a los habitantes de Alto Comedero y Palpalá. En Valle Grande, varias localidades quedaron incomunicadas, como ocurre habitualmente, porque el camino se vuelve intransitable, así como el camino que une La Quiaca con las localidades occidentales del departamento Santa Catalina (Cienega de Paicone, Misa Rumi, Paicone y Cusi-Cusi). Quizás hemos nombrado poco al recordado Santa Rita, en el departamento Santa Bárbara, que alguna vez asolara Palma Sola, o al San Francisco, en Ledesma o al mismísimo Río Grande. Una suerte que en estos últimos no pasara aún nada grave.
Y digo suerte, o gracias a Dios, porque estos son los únicos factores que han actuado a nuestro favor en este caso, si a las declaraciones oficiales nos atenemos. “Imprudencia, impericia, fatalidad…” han sido las palabras elegidas para explicar lo inexplicable.
De acuerdo a nuestra Constitución provincial, nos asisten a todos los jujeños derechos fundamentales que el estado debe resguardar, siendo esta una obligación inalienable. El derecho a la vida, a la seguridad personal, el derecho a la salud, a la circulación y residencia, el derecho a trabajar, comerciar y a toda industria lícita. De todos ellos el Estado tiene la obligación de garantizar su ejercicio.
Aquel habitante de un perdido pueblo puneño, que además esta haciendo patria en algún punto de nuestra geografía en el que no cualquiera podría subsistir, goza de todos estos derechos. Y no puede, ni debe, ningún funcionario del Estado, en forma negligente y apresurada, desligarse livianamente de su responsabilidad, por ejemplo, achacando a un inexperto conductor responsabilidades allí donde el Estado debería estar cumpliendo sus funciones básicas. ¿Por qué no se hizo un vado allí, cerca de Cieneguillas, que hubiera salvado la vida de cinco puneños? ¿Por qué el Estado no ejerce el control que debería en los asentamientos afincados en sitios claramente inundables? ¿Por qué no se ha construido aún un camino que permita una adecuada conectividad con el departamento de Valle Grande los 365 días del año? ¿Por qué, en definitiva, el Estado no está presente donde más se lo necesita, proveyendo las obras de infraestructura necesarias para prevenir este tipo de acontecimientos?
Podríamos seguir enumerando preguntas, varias, cuya única respuesta parece ser negligencia, desdén por los problemas que aquejan a los más desprotegidos de nuestra sociedad. Aquellos que debieran ser los primeros en las listas de prioridades de los sucesivos gobiernos.
Por eso es válida la pregunta: ¿Qué es lo que nos está pasando a los jujeños? ¿Por qué tenemos que escuchar de nuestros funcionarios que, ante su propia desidia, achaquen los motivos de las calamidades a factores ajenos a su exclusiva responsabilidad, devenida de la investidura de servidores públicos que revisten?
Los funcionarios de este gobierno debieran tomar conciencia que toda la geografía provincial merece la atención del Estado, pero principalmente aquellos lugares en los que el nivel de desarrollo relativo es menor, donde la vida diaria se hace más difícil, donde, en definitiva, esperamos que el Estado intervenga para corregir desigualdades. Son derechos previstos en nuestra Carta Magna, pero además, es lo que por obligación corresponde a un gobierno que ha sido elegido por el voto popular y que debe cumplir con el compromiso asumido en las urnas.
Jaime Fraile
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